jueves, 10 de febrero de 2022

   En octubre de 1998, durante una interminable semana, el Mitch aparcó en Centroamérica, azotando las costas y las montañas de Honduras, Guatemala y Nicaragua, inundando pueblos enteros y matando a más de 9.000 personas. Los ya de por sí empobrecidos países no pudieron desenterrarse sin la generosa ayuda extranjera, y ésta llegó, pero a un precio excesivo. Dos meses después de que golpeara el Mitch, con el país aún cubierto hasta las rodillas de escombros, cadáveres y lodo, el Congreso de Honduras aprobó varias leyes que permitían la privatización de aeropuertos, puertos marinos y autopistas y llevó por vía rápida diversos planes para privatizar la compañía estatal de teléfonos, la compañía nacional eléctrica y parte del sector del agua. Asimismo anuló leyes progresistas de reforma de la tierra, haciendo más fácil a los extranjeros comprar y vender propiedades y presionó firmemente a favor de una radical ley minera (esbozada por la industria) que rebajó los estándares medioambientales e hizo más fácil desahuciar de sus hogares a la gente que se encontraba en el paso de las nuevas minas. [16]

    En los países vecinos fue más de lo mismo: en esos dos mismos meses después del Mitch, Guatemala dio a conocer planes para liquidar su sistema telefónico, y Nicaragua hizo lo mismo junto con su compañía eléctrica y el sector petrolero. Según el
Wall Street Journal
, «el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han echado todo su peso detrás de la venta [de telecomunicaciones], creando una condición para conceder aproximadamente 47 millones de dólares anualmente en ayuda durante tres años y vinculando ésta a alrededor de 4.400 millones de dólares en deuda extranjera de auxilio para Nicaragua». [17] La privatización de la telefónica no tenía nada que ver con la reconstrucción por el huracán, por supuesto, excepto en el interior de la lógica de los capitalistas del desastre en las instituciones financieras de Washington.
    En los años siguientes, las ventas se aprobaron, a menudo a precios muy por debajo del valor de mercado. Los compradores, en su mayor parte, eran antiguos propietarios de compañías estatales de otros países que habían sido privatizadas y ahora estaban rastreando el globo para realizar nuevas compras que incrementasen la cotización de sus acciones. Telmex, la privatizada compañía telefónica de México, no dejó escapar la compañía de telecomunicaciones de Guatemala; la compañía eléctrica española Unión Fenosa acaparó todas las compañías eléctricas de Nicaragua; el aeropuerto internacional de San Francisco, ahora privatizado, compró los cuatro aeropuertos de Honduras. Y Nicaragua liquidó el 40% de su compañía telefónica por sólo 33 millones de dólares, cuando Pricewaterhouse Coopers había estimado su valor en 80 millones de dólares. [18] «La destrucción lleva consigo una oportunidad para la inversión extranjera», declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Guatemala en un viaje al Foro Económico Mundial celebrado en Davos en 1999. 

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