Solo palabras

 

Las empresas de propiedad estatal pueden ser también idóneas allí donde existe "monopolio natural". Esto se refiere a la situación en que las condiciones tecnológicas dictaminan que tener solo un proveedor es el modo más eficiente de servir al mercado. Electricidad, agua, gas, ferrocarriles y teléfonos (terrestres) son ejemplos de monopolio natural. En estas industrias, el principal coste de la producción es la construcción de la red de distribución y, por lo tanto, el coste unitario de suministro disminuirá si el número de clientes que utilizan los servicios de la red aumenta. En cambio, disponer de varios proveedores, cada uno con sus propias redes de cañerías de agua, por ejemplo, incrementa el coste unitario de abastecer a cada familia. Históricamente, esas industrias empezaron a menudo en los países desarrollados con muchos pequeños productores competidores, pero luego se consolidaron en grandes monopolios regionales o nacionales (y entonces, a menudo, nacionalizados). Cuando hay un monopolio natural, el productor puede cobrar lo que quiera, ya que los consumidores no pueden acudir a nadie más. Pero no solo se trata de que el productor "explote" al consumidor. Esta situación genera también un coste social del que ni siquiera el proveedor monopolista puede apropiarse, conocido como "pérdida de eficiencia en asignación" en jerga técnica." En este caso, puede ser económicamente más eficiente para el gobierno asumir la actividad en cuestión y explotarla él mismo, produciendo la cantidad socialmente óptima. La tercera razón para que el gobierno funde empresas de propiedad estatal es la equidad entre los ciudadanos. Por ejemplo, si se dejan a compañías del sector privado, los habitantes de zonas remotas pueden no tener acceso a servicios esenciales como correo, agua o transporte: el coste de entregar una carta a una dirección en las remotas zonas montañosas de Suiza es muy superior al de una dirección en Ginebra. Si la empresa que entrega la carta estuviera únicamente interesada en los beneficios, subiría el precio de la entrega postal a las regiones montañosas, obligando a los residentes a reducir su uso del servicio postal, o podría incluso suspender el servicio por completo. Si el servicio en cuestión es vital y todos los ciudadanos deben tener derecho a él, el gobierno puede decidir dirigir la actividad por sí mismo a través de una empresa pública, aunque suponga perder dinero en el proceso. 

Ha Joon Chang