Existen
actividades y profesiones que involucran por definición el servicio a
las personas. Las llamadas “disciplinas humanistas” y “sociales” suponen
la vocación de ayuda y búsqueda del bienestar tanto individual como
colectivo. En tal sentido, el irrestricto apego a las normas éticas como
principio fundamental del ejercicio profesional se presenta como un
imperativo ineludible. Desde esta lógica, diferentes colegios
profesionales han elaborado códigos de ética que recogen esta necesidad
de regulación y que orientan cualquier actuación.
En
nuestra historia país no tan lejana, muchos profesionales de estas
disciplinas debieron desempeñarse en condiciones extremadamente
difíciles, en un contexto sociopolítico que no pocas veces puso en jaque
la ética profesional. Durante la dictadura muchísimos médicos,
profesores, psicólogos, abogados, jueces, hicieron decisiones bajo un
entramado férreamente controlado por las fuerzas represivas de la época.
Sin duda, que el trabajo de muchos se transformó en un esfuerzo aún
mayor del que cabía esperar, toda vez que la vida misma estaba en juego.
Desgraciadamente,
hubo profesionales que claudicaron los principios éticos, algunas veces
tal vez anulados por el terror, otros sin embargo, fueron presa de
concepciones desdibujadas y distorsionadas del ser humano y el ideario
de sociedad que se impuso bajo la fuerza. Bajo este marco fue que
algunos médicos y psicólogos pusieron su conocimiento técnico a
disposición del aparato represivo en los tiempos de la dictadura militar
para llevar a cabo las maniobras de terror que dejaron miles de
víctimas.
El
Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura
(Informe Valech, 2005) ha acreditado la participación de médicos y
profesionales de la salud en el asesoramiento de prácticas de tortura
con detenidos políticos, siendo crucial en los episodios de aplicación
de descargas eléctricas, donde la “labor profesional” se orientó a
supervisar niveles de voltaje administrados, y, tal como lo han revelado
las propias víctimas con sus testimonios recientes, experimentar con
los niveles de tolerancia de sus cuerpos, práctica absolutamente
contraria a procurar el bienestar y la salud.
Ante
estas revelaciones, el colegio médico de Chile se constituye en el
primer gremio profesional en condenar la participación de sus colegas en
este tipo de actuaciones. Al respecto, las propias víctimas han logrado
identificar a algunos médicos y también enfermeras que colaboraron
activamente con los agentes de la represión en nuestro país. También se
hizo parte hace algunos años en la denuncia y sanción pública, el
Tribunal de Ética y Disciplina del Consejo Metropolitano del Colegio de
Periodistas, el que sancionó a tres miembros de la orden por participar
en la producción de noticias falsas, cuyo caso emblemático lo constituye
el montaje conocido como Operación Colombo o Caso de Los 119,
orquestado por los servicios de inteligencia de la dictadura militar en
junio de 1975, que hizo aparecer a las víctimas como muertas en
enfrentamientos, en circunstancias que habían sido asesinados por
agentes del gobierno.
Sin
duda, que estas acciones, que aunque muchas veces solo puedan quedarse
en el plano de lo simbólico, contribuyen a establecer la verdad y
restituir tanto las confianzas como el compromiso del mundo profesional
hacia una ética humanista, defensora de la vida y de la dignidad de las
personas.
Existe
aún, sin embargo, otro ámbito disciplinar que merece atención y que ha
sido poco visibilizado. Diferentes testimonios de testigos de la época y
también diferentes investigaciones periodísticas han revelado las
actuaciones de profesionales del ámbito de la psiquiatría y psicología
–de manera paradojal las disciplinas más directamente vinculadas a la
salud mental. Específicamente, el gremio de psicólogos ha evitado
investigar y referirse a las denuncias y testimonios que vinculan al
profesional Hernán Tuane Escaff,
reconocido psicólogo para los tiempos de la dictadura y quien mantuvo y
desarrolló diversas actuaciones al servicio de ese gobierno.
El
colegio de psicólogos ha argumentado la dificultad para acreditar los
hechos en que este profesional aparece sindicado. No obstante, existen
testimonios de ex prisioneros políticos y hasta de un ex agente de la
CNI –Andrés Valenzuela– que establecen clara vinculación de psicólogos
en el trabajo de asesoramiento de la DINA Y CNI. Respecto de Tuane, su
colaboración con el gobierno era pública para la época, por lo cual fue
identificado por algunos prisioneros durante los interrogatorios
ejecutados en centros de tortura. Se sabe que mantuvo un cargo de
importancia en la secretaría general de Gobierno durante los primeros
años de la dictadura. Su área de especialización declarada parece ser la
criminología por cuanto aparece ligado a Policía de Investigaciones
(PDI). Dentro de su trayectoria profesional se encuentra el haber
dictado cursos de capacitación para este organismo, capacitaciones que
según sus propias palabras, estaban orientadas a introducir el rigor
científico en las técnicas de interrogatorio. Esta actividad laboral, le
habría significado el cuestionamiento de sus alumnos de la cátedra de
“Técnicas de Tratamiento Psicológico”, en su calidad de docente en la
carrera de Psicología de la Universidad de Chile, hecho que aparece
mencionado en la prensa de la época.
Sin
embargo, pasa a ganar reconocimiento público desde su participación
destacada en uno de los casos -en la época llamado policial- más oscuros
de nuestra historia. Se trata del secuestro, desaparición, y asesinato
de un niño de tan solo seis años de edad: Rodrigo Anfruns Papi. A más de
33 años de ocurrido, el caso aún es motivo de investigación, pese a
haber sido cerrado por los tribunales en tres ocasiones. La razón por la
que la familia aún presiona para su esclarecimiento se relaciona con la
multiplicidad de enigmas y preguntas sin respuesta que quedan aún
rondando, en donde el psicólogo Tuane aparece involucrado. Quienes
conocen el caso, saben que Rodrigo en junio del año 1979 desaparece
misteriosamente del antejardín de la casa de su abuela para aparecer
muerto en un sitio eriazo luego de 11 días de intensa búsqueda,
encontrándose el cuerpo en un lugar ampliamente registrado en forma
previa. Esta contradicción fue esclarecida en el año 2011 cuando un ex
carabinero que participó de la búsqueda confesó a la madre de Rodrigo
haber visto a agentes de la CNI depositar el cuerpo del niño, horas
previas al hallazgo del cadáver.
Consta
en la información del caso y en expediente judicial de la causa –que
estuvo misteriosamente extraviado– que el Sr. Tuane colaboró como asesor
directo de la policía en la investigación del hecho y fue él quien,
supuestamente mediante hipnosis, recibiera la confesión del único
inculpado, el entonces adolescente de 16 años Patricio Pincheira, quien
en su condición de menor de edad termina siendo declarado sin
discernimiento y derivado a una institución de menores de la época. En
declaraciones recientes, Pincheira relata haber sido interrogado y
sometido a apremios ilegítimos y amenazas por parte de la policía, como
maniobras para obligarlo a confesar algo que él no había hecho.
Tuane,
a propósito de su rol protagónico en la resolución del caso, escribe un
libro titulado "Rodrigo: Una interpretación criminológica", publicado
por Editorial Planeta Chilena, en 1982. Sin embargo, su planteamiento
nunca ha sido acogido por los familiares de la víctima. Paola Papi,
madre del niño, ha sido enfática en señalar que ese texto le parece una
validación de la versión oficial del caso, la que hoy aparece
cuestionada. Respecto de Tuane y sus declaraciones, en el fallo de la
corte de Apelaciones de Santiago del uno de abril de 2010 se concluye
que en su declaración constan marcadas contradicciones,
como por ejemplo la obtención de un dibujo de Pincheira con escritura
en inglés, en circunstancias que el niño no manejaba ese idioma. Estos
antecedentes permiten introducir serias sospechas respecto del grado de
participación que le pudiera caber en la distorsión de la verdad en un
caso altamente sensible y para el que se maneja la tesis del móvil
político.
Otros
antecedentes de su trayectoria ligada a la dictadura se relacionan con
el asesoramiento en materia de manejo y manipulación de la opinión
pública. Su nombre aparece en una serie de documentos caratulados como
"Campaña de penetración sicológica masiva", los cuales fueron
encontrados en un subterráneo de La Moneda en el año 2004. Estos
documentos, con firma de Tuane, tienen data del 19 de noviembre de 1973 y
fueron dirigidos a la Junta militar bajo el título “Sobre la necesidad
de realizar una campaña psicológico-masiva tendiente a destruir el
marxismo como ideología”. En definitiva corresponde a un trabajo
encargado en el contexto del cargo que este psicólogo desempeñaba en el
Departamento de Relaciones humanas de la Secretaría General de Gobierno.
En estos escritos Tuane y sus colaboradores sugirieron el temor de que
militantes y dirigentes políticos de la Unidad Popular comenzaran a
ganar espacios entre los habitantes, fundamentalmente "por la vía
pacífica”, ante lo cual sugerían la necesidad de llevar adelante una
campaña de adoctrinamiento de la población. Esta operación tenía como
objetivo mantener a la población bajo "la amenaza de castigos
angustiosos" para que vieran al gobierno militar "como única solución al
problema llamado marxismo". Expresa Tuane en estos escritos: “La campaña tiene como objetivo fundamental actualizar los factores neurotizantes que traumatizaron al ciudadano Chileno durante el régimen de la UP.”
Bajo
este esquema es posible visualizar la utilización de conocimientos
derivados de la psicología social tales como herramientas de persuasión
que fueron puestos al servicio de un diseño ideológico que buscaba
legitimar el orden dictatorial impuesto. Sin duda se pueden leer
reminiscencias de la maquinaria persuasiva de quien fuera artífice de
propaganda de Hitler, el icónico Goebbels. Los principios doctrinarios
aplicados por Tuane son los mismos, persuadir mediante la manipulación
psicológica con el objetivo de introducir una ideología en la población y
así obtener el apoyo irrestricto. Sin duda, una psicología muy lejana
al ideario del bienestar colectivo y de promoción de la dignidad de las
personas. Es por ello que, en una época como la que vivimos, en que poco
a poco como país y sociedad hemos comenzado a asumir estas verdades
largamente negadas y manipuladas, se hace urgente fijar los parámetros
del actuar ético en pos de educar a las nuevas generaciones y garantizar
que nuestra dolorosa historia de ignominia y salvajismo no se vuelva a
repetir. Solo la memoria nos puede librar de incurrir en el camino
traumático que transitáramos durante tantos años. En mi calidad de
psicóloga, profesional de la salud mental y habiendo ejercido la
docencia universitaria miro con preocupación y espanto las malas
prácticas que involucran la utilización del conocimiento disciplinar
para fines contrarios al servicio a las personas y a la promoción de sus
derechos esenciales. Señalo enfáticamente que la disciplina de la
psicología no puede estar al servicio de ideologías contrarias al
desarrollo integral del ser humano ni prestarse para validar y legitimar
el poder, menos por la vía de causar sufrimiento a personas, en
circunstancias que precisamente debemos apuntar al alivio del
sufrimiento humano y la promoción de sus derechos fundamentales.
Cristhie Mella, Psicóloga especialista en Psicología Forense (Middlesex University, Londres). Académica.
