Jeffrey Sachs

  

El mayor error de la desregulación se dio en los mercados financieros y en la regulación medioambiental, áreas estas en las que los mercados no funcionan eficientemente por sí mismos. La Gran Depresión había mostrado al país la necesidad de una regulación financiera a fondo para reducir el fraude y el excesivo apalancamiento de los riesgos. Sin embargo, la administración Reagan desencadenó un proceso de desmantelamiento de esa regulación. El primer paso fue el decreto ley Garn - St. Germain para instituciones depositarias de 1982, que desreguló las instituciones de ahorro y préstamo y abrió las puertas a la masiva crisis de ahorro y préstamo que tuvo lugar unos pocos años más tarde. A partir de los años ochenta la desregulación financiera se convirtió en un regalo político por parte de ambos partidos a Wall Street, que recompensó considerablemente a los políticos con empleos y generosos fondos de campaña. Algunas de las medidas clave incluían la eliminación de la separación entre la banca comercial y la de inversión, y la decisión al final de la administración Clinton de mantener desregulados los derivados. El desdén por la regulación llevó a Alan Greenspan a creer que las instituciones financieras supervisarían sus propios riesgos, un error que acabó costando a la economía mundial billones de dólares.

 La estricta regulación medioambiental contra la contaminación del aire y del agua, introducida en los años sesenta y setenta también se modificó parcialmente después de 1980. James Watt, secretario de interior de Reagan, rebajó drásticamente los fondos para las agencias reguladoras dentro del Departamento de Interior y defendió la producción minera y petrolífera en los parques naturales federales. Desde luego que la regulación medioambiental no desapareció después de 1980, pero su aplicación se volvió desigual, conflictiva, y limitada por las violentas reclamaciones de derechos a la propiedad privada reivindicados por grupos libertarios dentro del Partido republicano.

 Otro aspecto de la desregulación, que ha tenido profundas, pero poco reconocidas, consecuencias, ha sido la desregulación de los medios de comunicación, especialmente de la televisión. Hasta los años ochenta, las cadenas de televisión tenían la obligación de servir al bien común a través de una programación de interés público, un justo equilibrio entre cobertura y acceso a las ondas a través de la llamada Doctrina de la Imparcialidad. Esta obligación quedó completamente eliminada con la oleada de desregulaciones. Los propietarios de canales de televisión sólo tenían un objetivo fundamental: conseguir beneficios a través de la publicidad y audiencias masivas. La débil disposición a promover la educación y despertar la consciencia pública pasaron a un segundo plano. Se dio un fuerte impulso a la llegada de nuestra era saturada por los medios.